Hay una pregunta que recorre el debate político occidental desde hace décadas y que en España ha adquirido una urgencia particular: ¿por qué millones de personas votan sistemáticamente por opciones políticas que, en términos objetivos y medibles, perjudican sus condiciones de vida? No es una pregunta retórica ni una forma velada de insultar a nadie. Es probablemente la pregunta más importante que puede hacerse alguien que quiera entender cómo funciona realmente la política, más allá de los programas electorales y los debates parlamentarios.
El politólogo y periodista estadounidense Thomas Frank la formuló con precisión hace dos décadas en su análisis sobre el voto republicano en Kansas, un estado donde la clase trabajadora apoyaba masivamente a un partido que desmantelaba los sindicatos, recortaba la sanidad pública y favorecía fiscalmente a quienes concentraban el capital. La conclusión de Frank no era que esos votantes fueran irracionales. Era que estaban siendo completamente racionales dentro de un sistema de valores en el que la identidad cultural pesaba más que el interés material. Votaban por quiénes querían ser, no por lo que tenían.
Ese mecanismo opera en España con una eficacia que debería obligarnos a revisar muchos de los supuestos con los que la izquierda construye su comunicación política.
El votante aspiracional
El votante aspiracional del Partido Popular es alguien que no se identifica con su situación socioeconómica actual sino con la que aspira a tener. Se reconoce, simbólicamente, en el empresario, en el directivo, en quien ha llegado a algún lugar por su propio mérito. Y esa identificación simbólica es lo suficientemente potente como para sostener el voto incluso cuando las políticas que apoya ese partido deterioran directamente los servicios que ese votante utiliza: la sanidad pública donde lleva a sus hijos, la escuela concertada que paga con esfuerzo, la pensión que espera cobrar, la negociación colectiva que sostiene su salario. La distancia entre lo que se vota y lo que se vive no produce disonancia porque la decisión de voto no se toma en el terreno de los intereses: se toma en el terreno de la identidad.
Esto no es una anomalía española ni un defecto de carácter de nadie. Es la forma en que funciona la cognición política en la mayoría de los sistemas democráticos avanzados. Las personas no procesan la oferta electoral como consumidores racionales que comparan programas y maximizan beneficios. La procesan como seres sociales que buscan pertenencia, reconocimiento y coherencia narrativa con la imagen que tienen de sí mismos. La derecha lleva décadas sabiendo esto y construyendo su comunicación en consecuencia.
Los datos no hablan solos
El problema es que los datos no hablan solos. Nunca lo han hecho. La subida del Salario Mínimo Interprofesional transformó la economía real de más del 13 % de los asalariados andaluces y del 21,7 % de los extremeños, y sin embargo no movió un milímetro la intención de voto en esas comunidades en las elecciones de mayo de 2023. El PP ganó con mayoría absoluta en Andalucía y con holgura en Extremadura. No porque los votantes no notaran la subida en su nómina, sino porque esa mejora material no estaba conectada en su imaginario con una decisión política concreta, y porque el marco de valores en el que tomaban su decisión de voto operaba en otro registro completamente distinto.
Entender esto no debería llevar a la conclusión de que la izquierda tiene que abandonar las políticas de fondo y dedicarse exclusivamente al espectáculo comunicativo. Esa lectura sería tan equivocada como la contraria. La cuestión es más precisa: no se trata de elegir entre gestionar bien y comunicar bien, sino de comprender que gestionar bien sin construir el relato que lo explica es, en términos políticos, casi equivalente a no gestionar.
Lo que hay que cambiar
La derecha no ha ganado la batalla cultural española porque tenga mejores ideas. La ha ganado porque ha invertido durante décadas en construir un ecosistema de valores, referencias y marcos narrativos en los que su votante se reconoce con comodidad. El votante aspiracional del PP no vota por el programa económico: vota por una idea de España, por una imagen del mérito, por una forma de entender la libertad que la derecha ha sabido colonizar lingüística y emocionalmente antes de que nadie más lo intentara con seriedad.
Eso es lo que hay que cambiar, y es un trabajo que no se hace en una campaña electoral. Se hace en el tiempo largo, con paciencia, con consistencia y con la voluntad de construir marcos que conecten los intereses reales de la mayoría con una narrativa en la que esa mayoría quiera reconocerse. No para engañar a nadie, sino precisamente para lo contrario: para que la gente pueda ver con más claridad la distancia entre lo que le prometen y lo que le dan.
La pregunta de por qué se vota contra los propios intereses tiene respuesta. Lo que no tiene es solución rápida. Y mientras la izquierda siga buscando el atajo comunicativo en lugar de construir el relato largo, seguirá perdiendo en el único terreno donde, paradójicamente, tiene más razones objetivas para ganar.