Hay un experimento mental que ayuda a entender el problema que este artículo quiere describir. Imagina que en 1980 un empresario hubiera comprado todas las imprentas de España, todas las emisoras de radio y todos los canales de televisión del país. Legalmente. Con su dinero. Sin violar ninguna ley. Y que desde ese momento hubiera decidido qué noticias se amplifican, qué candidatos reciben cobertura favorable y qué marcos interpretativos dominan el debate público.
Habríamos llamado a eso una amenaza a la democracia. Habríamos legislado para impedirlo. Habríamos entendido de forma intuitiva que hay infraestructuras demasiado esenciales para la vida colectiva como para que pertenezcan a una sola persona con intereses propios.
Ese experimento mental es exactamente lo que ha ocurrido en el espacio digital durante los últimos quince años. Solo que lo hemos llamado innovación tecnológica en lugar de lo que es: la concentración de la infraestructura esencial de la democracia en manos privadas, con las consecuencias que esa concentración inevitablemente produce cuando el propietario decide usarla.
El caso que lo documentó todo
En 2016, una empresa llamada Cambridge Analytica extrajo sin consentimiento los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook y los utilizó para construir perfiles psicológicos individuales con una precisión sin precedentes. No perfiles demográficos genéricos sino mapas de miedos, aspiraciones, inseguridades y puntos de activación emocional de cada persona concreta. Con esos mapas, diseñó mensajes políticos personalizados y los distribuyó a través de la misma plataforma que había proporcionado los datos.
Esa operación se desplegó simultáneamente en dos de las decisiones democráticas más importantes de la década: el referéndum del Brexit en el Reino Unido y las elecciones presidenciales de Estados Unidos que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. En ambos casos, el resultado fue diferente de lo que las encuestas convencionales anticipaban. En ambos casos, los equipos que usaron Cambridge Analytica ganaron.
No fue un hackeo en el sentido técnico del término. Fue algo más perturbador: el uso completamente legal de la infraestructura de una plataforma privada para alterar el resultado de procesos electorales en democracias maduras. La herramienta no fue un virus informático sino el modelo de negocio de Facebook: la acumulación masiva de datos de comportamiento de sus usuarios, disponible para quien pudiera pagar por acceder a ella.
El caso que lo confirmó
Elon Musk compró Twitter en octubre de 2022 por 44.000 millones de dólares. En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, estudios independientes demostraron que el algoritmo de X favorecía sistemáticamente el contenido pro-Trump. Un análisis de más de 56.000 publicaciones realizado por investigadores de las universidades de Queensland y Monash detectó un cambio estructural en el algoritmo de la plataforma en julio de 2024, tras el cual las publicaciones del propio Musk recibieron una media de 6,4 millones de vistas adicionales por publicación. El Wall Street Journal creó 14 cuentas ficticias: en 10 de ellas el contenido recomendado era predominantemente favorable a Trump, frente a una sola donde dominaba el contenido favorable a Kamala Harris.
Musk invirtió además 75 millones de dólares en un super PAC de apoyo a Trump y utilizó su plataforma de 600 millones de usuarios como megáfono electoral. Todo ello de forma completamente legal, porque ninguna ley impide al propietario de una plataforma privada usar sus algoritmos de la forma que considere oportuna.
Por qué esto no es un problema de libertad de expresión
La respuesta más frecuente a estos casos es que se trata de libertad de expresión: Musk tiene derecho a opinar, y cualquier límite a esas actividades es censura. Es un argumento que confunde deliberadamente dos cosas distintas. La libertad de expresión protege el derecho de cada persona a decir lo que piensa. No protege el derecho de quien controla la infraestructura de comunicación a decidir qué voces se amplifican y cuáles se silencian mediante algoritmos opacos diseñados para maximizar el engagement.
Un ciudadano que escribe en X tiene libertad de expresión. Lo que no tiene es ninguna garantía de que su mensaje llegue a alguien, porque eso lo decide el algoritmo. Y el algoritmo lo decide quien es el propietario de la plataforma. Esa no es una cuestión de libertad de expresión: es una cuestión de arquitectura del poder.
Lo que esto exige
El diagnóstico no es que las plataformas son malas ni que sus propietarios son necesariamente corruptos. El diagnóstico es que hay infraestructuras que no pueden pertenecer exclusivamente a actores privados sin ningún mecanismo de control democrático, porque cuando lo hacen el resultado es inevitable: los intereses del propietario condicionan el funcionamiento de la democracia.
Las sociedades democráticas aprendieron esa lección con el agua, la electricidad, la radio y la televisión. Con las plataformas digitales, ese momento llegó y pasó sin que actuáramos. Lo que queda ahora es decidir si actuamos tarde o si esperamos a la tercera, cuarta y quinta demostración del mismo problema antes de reconocer que el diagnóstico es correcto y la respuesta es urgente.