Hay una imagen que ayuda a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía digital: el 95% de los datos que circulan por internet en este momento viajan físicamente a través de cables de fibra óptica tendidos en el fondo del océano. No por satélite, no por el aire: por cables físicos, concretos, que se pueden cortar, interceptar o controlar.
Esos cables sostienen diez billones de dólares diarios en transacciones financieras, según TeleGeography. Son literalmente la columna vertebral de internet tal como lo conocemos. Y durante décadas, fueron propiedad de grandes consorcios de operadoras de telecomunicaciones nacionales, con gobiernos que tenían voz en su gestión y en sus prioridades. Hoy eso ha cambiado de forma que la mayoría de los ciudadanos europeos desconoce completamente.
Quién controla los cables
Google posee íntegramente cables como Curie, Dunant, Grace Hopper y Equiano. Meta ha planificado Waterworth, un cable de más de 40.000 kilómetros que será el mayor del mundo cuando esté operativo, circundando cinco continentes. Entre Google, Meta, Microsoft y Amazon controlan o gestionan aproximadamente la mitad del ancho de banda submarino mundial. El 66 % de la conectividad exterior europea depende de cables submarinos cuya propiedad y priorización de tráfico la deciden actores privados extraeuropeos.
Lo que ocurre cuando se cortan
En febrero de 2024, varios cables submarinos en el Mar Rojo quedaron inutilizados. El impacto afectó al 90 % del tráfico de internet entre Europa y Asia. La respuesta fue completamente dependiente de actores privados: ningún gobierno europeo tenía mecanismo de intervención directa. En lo que va de 2025 se han registrado doce cortes de cables submarinos en el mundo. En el mundo solo existen 80 barcos especializados en instalación y reparación de cables submarinos. Ninguno es de titularidad estratégica europea.
La capa de la nube
Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud concentran más del 65 % del mercado global de computación en la nube. Prácticamente toda la administración pública digital europea, todos los sistemas bancarios y todos los hospitales con historia clínica digitalizada funcionan sobre infraestructura cuya titularidad está regulada por legislación estadounidense. La Cloud Act de 2018 permite al gobierno de Estados Unidos acceder a datos almacenados en servidores de empresas americanas con independencia de dónde estén físicamente ubicados. Los datos de los ciudadanos europeos no son, en términos prácticos, soberanos.
Lo que Europa puede hacer
La Unión Europea tiene la legitimidad y la capacidad para actuar. El Fondo Europeo de Infraestructuras Digitales Soberanas dotado con 6.000 millones de euros para 2025-2027 es un punto de partida. Tiene el precedente de haber construido infraestructura física continental con fondos públicos. Lo que falta es reconocer que los cables submarinos, los centros de datos y la capacidad de computación en la nube son infraestructura estratégica con el mismo nivel de esencialidad que el gas o las rutas de transporte. Europa aprendió la lección energética de la forma más dolorosa. La pregunta es si aprenderá la lección digital antes de que sea necesario aprenderla de la misma manera.