El clima político que vive España hoy no es el resultado de una crispación espontánea ni de la mala suerte histórica. Es el producto de una cadena de causas concretas y documentables que conviene analizar con frialdad, porque entender el origen de un problema es siempre el primer paso para abordarlo con alguna eficacia.
Lo que ha ocurrido en España desde 2023 tiene una lógica interna que no siempre se explica con suficiente rigor. Se habla mucho de polarización, de crispación, de trincheras. Pero esos términos describen el síntoma, no la causa. La pregunta relevante no es si estamos polarizados —lo estamos— sino por qué llegamos aquí y qué lo desencadenó. Identificar esa secuencia no es un ejercicio académico. Es la condición mínima para entender qué está en juego realmente.
Hay tres factores que, combinados, explican la radicalización del escenario político actual. Ninguno de ellos actúa de forma aislada: es su combinación lo que produce el efecto que estamos viviendo.
Tres desencadenantes para desestabilizar una democracia
El primero: la derrota que nadie esperaba
El 23 de julio de 2023, el Partido Popular llegó a las urnas con una confianza que rozaba la certeza. Las encuestas, con una excepción notable, respaldaban esa lectura. La planificación interna ya incluía el reparto de ministerios con Vox. El resultado fue otro: el PP ganó en votos pero no pudo formar gobierno. Esa distancia entre lo esperado y lo ocurrido tuvo consecuencias que van mucho más allá de la decepción electoral ordinaria. Una derrota que se anticipa se digiere de otra manera. Una derrota que se vive como imposible genera una respuesta cualitativamente diferente, porque obliga a reencuadrar toda la narrativa que la había precedido. El sistema de creencias que sostenía la certeza de la victoria —la superioridad moral, la hegemonía mediática, el apoyo de las encuestas— quedó en entredicho de golpe, y eso produce reacciones que no siempre siguen los cauces institucionales habituales.
El segundo: la Ley de Amnistía y lo que reveló
La propuesta generó una oposición judicial que, en varios casos, se anticipó incluso a la presentación formal del texto. Esa reacción no fue solo jurídica. Fue política en su forma, en su momento y en su intensidad. Lo relevante no es debatir aquí si la ley era o no conveniente: lo relevante es que la respuesta de una parte de la judicatura puso sobre la mesa algo que muchos preferían no nombrar con claridad, que es la existencia de una ideología conservadora estructuralmente arraigada en sectores del poder judicial español. Eso no es nuevo en términos históricos, pero su visibilidad sí es inédita en los cuarenta años de democracia. Cuando un poder del Estado actúa de forma que resulta difícil distinguir de la acción política partisan, el problema ya no es solo judicial: es institucional.
El tercero: el éxito económico del gobierno de izquierda
Este es el factor que menos se analiza y que, en mi opinión, más peso tiene en la dinámica que estamos viviendo. Por primera vez en la historia democrática reciente de España, un gobierno de izquierda ha demostrado capacidad de gestión macroeconómica en un sentido que no deja mucho margen para la discusión: la economía española fue señalada por The Economist como la de mejor desempeño en la OCDE en 2024, con más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, reducción del desempleo e IPC contenido, en un contexto europeo marcado por la inflación posbélica y la desaceleración generalizada. A eso hay que añadir medidas sociales de calado —la subida del SMI en un 47 % desde 2018, la reducción de jornada— que históricamente la derecha había situado fuera del alcance de cualquier gobierno progresista por razones de supuesta inviabilidad económica.
Ese éxito rompió un relato que llevaba décadas funcionando como argumento de autoridad: la idea de que la derecha gestiona mejor. Cuando ese argumento cae, lo que queda en su lugar no es simplemente una derrota argumental. Es una crisis de identidad política que obliga a buscar otros terrenos donde recuperar la iniciativa. Y esos terrenos, cuando los institucionales fallan, suelen ser los que menos respetan las reglas del juego democrático.
La combinación de estos tres factores —una derrota inesperada, una reacción judicial políticamente legible y un éxito económico que desarmó el argumento central de la oposición— produce lo que estamos viendo: una intensificación de la batalla en el único terreno donde la izquierda lleva sistemáticamente las de perder, que es el mediático y el judicial. No porque ese terreno sea más legítimo, sino porque es donde la desventaja estructural de la izquierda es mayor y, por tanto, donde la presión resulta más rentable como estrategia de desgaste.
Entender esto no implica aceptarlo como inevitable. Implica dejar de explicarlo con categorías vagas como ‘la crispación’ o ‘la polarización’ y empezar a tratarlo como lo que es: un problema político con causas identificables, que admite análisis riguroso y, por tanto, también respuestas bien construidas.
La democracia no se erosiona de golpe. Se erosiona por acumulación de situaciones que se normalizan una a una, cada una demasiado pequeña para generar alarma por sí sola, pero suficientemente consistentes en su dirección para que el resultado agregado sea un sistema más débil que el que teníamos. Eso es lo que describen estos tres desencadenantes cuando se leen juntos y no por separado.
Llamarlo ‘polarización’ y repartir la responsabilidad a partes iguales no es neutralidad. Es una forma de no ver lo que está pasando. Y a veces, la comodidad del diagnóstico simétrico es exactamente lo que permite que el problema avance sin encontrar resistencia.