Hay una forma de hablar sobre la sanidad pública española que es al mismo tiempo verdadera e incompleta. La forma verdadera: España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo por resultados de salud. La esperanza de vida al nacer se sitúa en 83,9 años, una de las más altas de la OCDE. El país obtiene mejores resultados que la media de la OCDE en 8 de cada 10 indicadores clave de salud. Con el nivel de inversión que tiene, el sistema español produce una eficiencia que los organismos internacionales señalan sistemáticamente como ejemplar.
La parte incompleta: ese sistema está siendo sometido a una presión creciente que su modelo de financiación actual no puede absorber indefinidamente, y el debate político sobre cómo resolverlo está atrapado entre dos posiciones que se bloquean mutuamente sin avanzar hacia ninguna solución real.
El problema tiene tres dimensiones
La primera es la del gasto. El gasto sanitario per cápita en España sigue siendo aproximadamente un 20 % inferior a la media de la Unión Europea, según el informe State of Health in the EU 2025 elaborado por la OCDE y la Comisión Europea. Esa eficiencia tiene un límite: el envejecimiento demográfico, la cronificación de las enfermedades y la inflación sanitaria están haciendo crecer el gasto a un ritmo del 5,5 % anual, según FEDEA, mientras que los ingresos públicos no crecen a la misma velocidad.
La segunda dimensión es la de la satisfacción. Solo el 55 % de la población considera que el sistema funciona bien, frente al 72 % en 2019, según el Barómetro Sanitario 2024. Un 29 % considera que requiere reformas profundas y un 16 % cree que debe rehacerse por completo. Esa caída de 17 puntos en cinco años no refleja un deterioro equivalente en los resultados clínicos: refleja una percepción de deterioro en la accesibilidad, fundamentalmente en los tiempos de espera.
La tercera dimensión es la que menos se nombra y la más reveladora. El 21 % del gasto sanitario en España procede directamente del bolsillo de los hogares, muy por encima de la media de la UE que es del 16%, según el mismo informe de la OCDE y la Comisión Europea. Ese 21 % no es gasto en lujos médicos: es gasto en dental, en óptica, en fisioterapia, en consultas privadas para evitar tiempos de espera inaceptables en el sistema público. Es, en otras palabras, la evidencia de que el modelo mixto informal ya existe en España.
Lo que ese dato revela
El sistema que se llama universal produce en la práctica un acceso diferencial en función de la capacidad económica. No porque haya dos sistemas formalmente distintos, sino porque uno solo es insuficiente para atender con igual calidad y velocidad a toda la población, y quienes pueden costearse la alternativa privada la usan sin que eso cambie en nada su contribución al sistema público. El resultado es que los recursos públicos se distribuyen entre toda la población, incluida la que tiene alternativas, en lugar de concentrarse en quienes no las tienen.
Nombrar ese problema con claridad no es atacar la sanidad pública. Es la condición para defenderla con honestidad. Un sistema que no puede atender a todos con la misma calidad no se mejora negando el problema: se mejora redistribuyendo la demanda de forma que los recursos disponibles lleguen con más intensidad donde más se necesitan. Esa redistribución puede hacerse de formas que refuerzan la universalidad o de formas que la erosionan. La diferencia está en el diseño, no en el principio.