Hay una pregunta que subyace a todo el debate sobre la IA y el empleo y que raramente se formula con la claridad que merece: cuando una máquina hace el trabajo que antes hacía una persona, ¿quién paga los servicios públicos que esa persona ya no puede financiar con sus cotizaciones?
El Estado de Bienestar europeo se financia principalmente a través de cotizaciones sociales sobre el trabajo y del Impuesto sobre la Renta. Ambas fuentes dependen de que haya personas trabajando y ganando dinero. Cuando la IA sustituye a esas personas, el valor económico que generaban sigue existiendo pero ya no pasa por el mecanismo de cotización que financia el sistema. La empresa que sustituye diez analistas por un sistema de IA reduce su masa salarial, reduce sus cotizaciones sociales y aumenta sus beneficios. Esa asimetría no es sostenible.
El impuesto sobre el uso de IA es la actualización del principio de cotización social para el siglo XXI. No grava la existencia de la IA ni su desarrollo. Grava su uso productivo en sustitución de trabajo humano. La lógica es la misma que ha justificado históricamente la cotización social: quien se beneficia de la infraestructura colectiva contribuye a su mantenimiento en proporción al valor que extrae.
Corea del Sur lo está debatiendo en la agenda presidencial. El jefe de políticas presidenciales Kim Yong-beom afirmó en mayo de 2026 que el país debería pagar a los ciudadanos un dividendo utilizando impuestos sobre las ganancias vinculadas a la inteligencia artificial, argumentando que en la era de la IA los beneficios excesivos son, por naturaleza, concentrados. Los comentarios sacudieron los mercados coreanos porque tocaron un nervio que los mercados saben que está ahí: la pregunta de quién paga cuando la productividad crece pero el empleo cae.
Lo que falta no es la solución técnica. Es la voluntad política de reconocer que el contrato social del siglo XX necesita una actualización que incorpore la productividad generada por tecnología como nueva base de la contribución al sistema colectivo. Si el trabajo humano financia el bienestar colectivo y la IA reemplaza el trabajo humano sin contribuir al bienestar colectivo, el sistema colapsa. La única forma de evitar ese colapso es que la IA contribuya.