Hay una diferencia entre describir un mecanismo y verlo operar en tiempo real. El artículo anterior de esta serie explicaba qué es el lawfare, cuáles son sus condiciones estructurales en España y por qué el diseño institucional lo hace posible. Este artículo hace otra cosa: documenta lo que ha ocurrido en los últimos doce meses con nombres, fechas y números verificables. No para sustituir el análisis con la indignación, sino porque a veces los hechos, ordenados con honestidad, son el mejor argumento.
El caso del Fiscal General: una condena que merece ser leída con cuidado
El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para su cargo y una multa por un delito de revelación de secretos. La sentencia, publicada el 9 de diciembre, se adoptó por cinco votos a favor y dos en contra, con un voto particular de dos magistradas que defendían la absolución por no considerar probado el hecho central de la acusación.
Conviene recordar el origen de este caso con precisión, porque el relato que circuló en buena parte del ecosistema mediático lo invirtió sistemáticamente. Todo parte de un hecho objetivo: Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cometió dos delitos fiscales. Él mismo lo reconoció a través de su abogado ante los inspectores de Hacienda en octubre de 2023, e intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía en junio de 2024 admitiendo los hechos a cambio de una rebaja en la petición de cárcel. Lo que se juzgó al Fiscal General no fue ese fraude, sino si fue él quien filtró el correo en que su defensa reconocía los delitos. Dos magistradas del Supremo consideraron que no estaba probado. Cinco consideraron que sí.
El resultado práctico es llamativo: el Fiscal General que investigaba un fraude fiscal confesado fue inhabilitado y dimitió. El autor del fraude, cuya causa sigue viva en la Audiencia Provincial de Madrid, lleva años sin fecha de juicio oral. Ambos hechos son simultáneos y verificables. Cada lector puede extraer sus propias conclusiones sobre la proporcionalidad del sistema.
El caso mascarillas y el caso Kitchen: la geometría del tiempo judicial
El 6 de abril de 2026, dos juicios arrancaron de forma prácticamente simultánea en España. Uno en la Audiencia Nacional: la Operación Kitchen, un supuesto plan parapolicial ejecutado entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación sensible mediante el uso de fondos reservados. La instrucción de este caso se inició en 2018 y se extendió durante ocho años antes de llegar a juicio oral.
El otro juicio arrancó en el Tribunal Supremo: el caso mascarillas, una pieza separada del caso Koldo centrada en contratos de material sanitario adjudicados al Ministerio de Transportes durante la pandemia. Las primeras detenciones se produjeron en febrero de 2024. La causa llegó al Supremo en octubre de ese mismo año por el aforamiento del exministro Ábalos. En noviembre de 2025, el juez decretó prisión provisional para los principales acusados. En abril de 2026, menos de catorce meses después de las primeras detenciones, comenzó el juicio.
Los dos procesos arrancaron el mismo mes. Uno tardó ocho años en llegar al juicio oral. El otro, poco más de un año. No es necesario añadir mucho más análisis a esa comparación: los números hablan con suficiente claridad sobre cómo funciona la velocidad de la justicia española en función de a quién investiga.
Lo que la UCO encontró y lo que sigue sin fecha
Los informes de la UCO en el caso mascarillas documentan, entre 2020 y 2022, la entrada de 387.000 euros sin justificar en las cuentas de Koldo García, su hermano y su expareja. El patrimonio inmobiliario del exasesor es valorado por los investigadores en torno a 1,5 millones de euros. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para Koldo. Son cifras que, si los hechos quedan probados, describen una corrupción real y grave que merece ser juzgada con toda la contundencia del sistema.
Lo que también merece ser señalado es lo que ocurre en paralelo. Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, confesó ante Hacienda un fraude de 350.910 euros mediante 15 facturas falsas. Además, obtuvo 1,9 millones de euros como intermediario en una operación de venta de mascarillas durante la pandemia, en circunstancias que la jueza instructora investigó antes de jubilarse, tras lo cual la causa quedó en manos de un nuevo instructor. A fecha de hoy, no hay señalamiento de juicio oral para este caso.
Lo que estos hechos permiten afirmar y lo que no
Importa ser preciso en este punto porque la precisión es lo que distingue el análisis del panfleto. Lo que estos hechos permiten afirmar es que el sistema judicial español aplica velocidades radicalmente distintas en función de a quién investiga, y que esa asimetría es documentable con fechas y números, no con percepciones. Lo que no permiten afirmar, al menos no con la misma contundencia, es que exista una coordinación consciente y centralizada dirigida desde un único lugar. El lawfare no necesariamente funciona así. Puede funcionar también como el resultado agregado de muchas decisiones individuales tomadas dentro de un sistema que no tiene mecanismos efectivos para corregir sus propios sesgos.
La democracia no pide a sus instituciones que sean perfectas. Les pide que sean autocorrectivas. Un sistema que no puede corregir sus propias asimetrías sin depender de la voluntad política del momento no es un sistema independiente, es un sistema vulnerable. Y esa vulnerabilidad, como muestran los hechos de los últimos doce meses, no es una hipótesis teórica.