Hay problemas políticos que se perpetúan no porque no tengan solución sino porque su solución no conviene a nadie con poder para implementarla. El debate sobre las lenguas cooficiales en España es uno de ellos. Lleva décadas instalado en el centro de la vida política española con una intensidad que no guarda ninguna proporción con la complejidad real del problema, y esa intensidad no es accidental: es el producto de dos posiciones que se necesitan mutuamente para sobrevivir.
La primera posición es el unionismo lingüístico, que ve en las lenguas cooficiales una amenaza a la identidad nacional española. Ha conseguido algo paradójico: convertir la ignorancia en virtud. No saber euskera se ha convertido, paradójicamente, en una señal de españolismo.
La segunda posición es el exclusivismo lingüístico de los nacionalismos periféricos, que ven en sus lenguas el marcador de diferencia más potente de su identidad política. Una lengua que solo hablan los de aquí es una frontera mucho más efectiva que una lengua que habla también el resto de España. La universalización del conocimiento básico del catalán o del gallego en toda España no favorece al independentismo: le quita su argumento más emocional.
Quien no tiene representación en este debate es el ciudadano de a pie que no tiene interés en la fractura, que viaja a Barcelona y querría entender algo, que escucha una canción en euskera y no puede acceder a su significado, que lee a Rosalía de Castro en traducción cuando podría leerla en el original. Ese ciudadano es la mayoría silenciosa de este debate, y es exactamente a quien esta propuesta va dirigida.
El 11,4 % de los españoles habla catalán como lengua cotidiana, el 5,3 % el valenciano, el 4,8 % el gallego y el 2,4 % el euskera, según datos del INE. Sumadas, las lenguas cooficiales son la lengua diaria de más de diez millones de ciudadanos españoles. Tienen literaturas de primer nivel, músicas reconocidas internacionalmente, cines propios y tradiciones culturales de siglos. Y para la mayoría de los españoles que no viven en sus territorios, son tan extranjeras como el danés o el polaco. Eso no es un hecho natural. Es el resultado de una elección política sostenida durante décadas.
Una hora semanal en primaria. Ese es el coste de convertir el patrimonio en puente en lugar de en trinchera.