Hay un argumento que aparece sistemáticamente cada vez que se propone alguna forma de política industrial activa en España: que el mercado lo resuelve mejor, que la intervención del Estado distorsiona la asignación eficiente de recursos. Es un argumento con una amnesia selectiva notable: ignora que los países que más hablan de libre mercado son exactamente los que más activamente intervienen en su economía cuando los intereses estratégicos lo requieren.
Francia mantiene desde los años setenta un sistema de identificación de sectores estratégicos donde la presencia industrial nacional no está sujeta exclusivamente a criterios de rentabilidad de mercado. La renacionalización parcial de EDF en 2022 fue la aplicación coherente de una filosofía de Estado que considera que hay sectores donde la soberanía pesa más que la eficiencia.
Alemania aprendió la lección energética de la dependencia del gas ruso de la forma más dolorosa posible en 2022 y ha lanzado el mayor programa de reindustrialización verde de su historia. La inversión en hidrógeno, almacenamiento energético, semiconductores e industria de defensa se cuenta en cientos de miles de millones de euros y se justifica explícitamente bajo el argumento de la autonomía estratégica.
Estados Unidos aprobó la Inflation Reduction Act y la CHIPS and Science Act en 2022. La IRA destina casi 400.000 millones de dólares a subsidiar la producción nacional de energía limpia. La CHIPS Act destina 52.000 millones a relocalizar la producción de semiconductores. Ambas leyes se justifican explícitamente bajo el argumento de reducir la dependencia de cadenas de suministro asiáticas.
El patrón que se repite en los tres casos es idéntico: la eficiencia sin resiliencia es una trampa, y hay sectores donde la política industrial no puede dejarse exclusivamente en manos del mercado. Lo que distingue a esos países de España no es que tengan más recursos ni mejor tecnología. Es que tienen una cultura política que acepta la intervención del Estado en sectores estratégicos sin que eso genere un debate paralizante. En España, cualquier propuesta de política industrial activa se convierte inmediatamente en un debate ideológico que agota la energía política antes de que se pueda discutir el contenido concreto de la propuesta.