Cada vez que alguien propone modificar el modelo de acceso a la sanidad pública en España en función de la capacidad económica, la respuesta es predecible y casi automática: es privatización. Es un argumento que funciona como cortocircuito: detiene el debate antes de que pueda producirse, porque la acusación de privatización activa una respuesta emocional tan intensa que hace imposible analizar el contenido concreto de lo que se está proponiendo.
Esa eficacia del argumento tiene una explicación histórica real. España ha vivido intentos genuinos de privatización sanitaria que produjeron daños documentados: la gestión privada de hospitales públicos, la externalización de servicios esenciales, los recortes de la época de austeridad que se presentaron como reformas de eficiencia. Esas experiencias han creado una memoria colectiva de desconfianza ante cualquier propuesta que combine sanidad y sector privado, y esa desconfianza es legítima.
Pero la desconfianza legítima no puede convertirse en el argumento para no debatir. Y para debatir con honestidad hay que empezar por una distinción que el debate público español suele evitar: privatización y modelo mixto concertado son cosas distintas, y confundirlas no es un error inocente.
Qué es privatización y qué no lo es
La privatización es cuando el Estado transfiere la gestión y la financiación de un servicio público a actores privados que operan con lógica de mercado y objetivo de lucro, sin garantías de universalidad ni control público sobre las condiciones del servicio. Es lo que ocurrió con los hospitales de gestión privada financiados con fondos públicos: el Estado pagaba y la empresa privada decidía cómo gestionar, con qué eficiencia y con qué criterios de selección de pacientes.
Lo que propone el modelo mixto concertado es estructuralmente diferente en tres dimensiones. La primera es que el Estado mantiene la definición de las prestaciones: no es la aseguradora quien decide qué cubre el seguro concertado básico sino el Ministerio de Sanidad. La segunda es que el Estado regula el precio: el seguro concertado básico tiene un precio máximo fijado por la administración, eliminando el riesgo de mercado cautivo. La tercera es que el Estado garantiza la universalidad real para lo que más importa: cualquier patología grave de cualquier ciudadano es atendida por el sistema público.
La analogía que lo explica todo
La analogía más precisa no es con los hospitales de gestión privada sino con los colegios concertados. Un colegio concertado no es privatización de la educación: es un modelo en el que el Estado define qué se enseña, regula las condiciones de acceso, financia parcialmente el servicio y exige estándares de calidad, mientras que la gestión la realiza una entidad privada dentro de ese marco regulado. Nadie llama privatización a que existan colegios concertados junto a colegios públicos. La misma lógica aplicada a la sanidad es exactamente lo que propone este modelo.
Hay un dato que ilustra con precisión por qué esta distinción importa. El modelo actual de sanidad española ya es informalmente mixto: el 21% del gasto sanitario lo pagan directamente los ciudadanos de su bolsillo, por encima de la media europea del 16%. Lo hacen de forma no regulada, sin que el Estado intervenga en las condiciones de ese gasto, sin que eso produzca ningún ahorro para el sistema público y sin que esa demanda privada libere recursos para quienes no tienen alternativa.
El modelo mixto concertado formaliza y regula esa realidad informal. Convierte el gasto privado desordenado en un sistema estructurado donde el Estado define las condiciones, regula los precios y garantiza que la redistribución de la demanda produzca el efecto que no produce hoy: que los recursos públicos lleguen con más intensidad a quien más los necesita. Eso no es privatización. Es lo contrario de la privatización: es el Estado asumiendo el control de una situación que hoy escapa a su regulación.