Las propuestas de reforma sanitaria suelen moverse en uno de dos registros que son igualmente inútiles para el debate público. El primero es el registro ideológico: sanidad pública universal sí o no, privatización sí o no, mercado sí o no. El segundo es el registro tecnocrático: modelos de financiación, curvas de Lorenz, elasticidades de demanda. El primero produce calor sin luz. El segundo produce luz sin calor. Lo que hace falta es algo distinto: explicar con precisión cómo funciona la propuesta en la vida real de ciudadanos concretos.
Tres perfiles, tres situaciones distintas
El primer perfil es una médica de 38 años que trabaja en el sistema público y gana 4.200 euros netos al mes. Con la propuesta en vigor, estaría obligada a contratar el seguro concertado básico: cobertura de atención primaria completa, especialidades de primer nivel, analíticas, radiología básica y procedimientos menores, a un precio regulado de aproximadamente 45 euros al mes para su tramo de edad. Si desarrolla un cáncer, el sistema público la atiende con plena cobertura. Lo que cambia es que sus visitas rutinarias al médico de cabecera van por el canal privado concertado, liberando ese tiempo y esos recursos en el sistema público para los pacientes que no tienen alternativa.
El segundo perfil es un autónomo de 52 años con ingresos variables: ganó 42.000 euros netos en 2024 y 31.000 en 2023. El mecanismo de referencia es la base imponible del IRPF del ejercicio anterior. En 2025, al declarar los ingresos de 2024, la obligación se activa porque supera el umbral de 36.000 euros netos anuales. Si en 2026 sus ingresos caen por debajo del umbral, la obligación se suspende automáticamente y vuelve a la cobertura pública plena. El sistema lo protege cuando sus ingresos bajan.
El tercer perfil es una auxiliar de enfermería de 44 años que gana 1.650 euros netos al mes. Para ella, nada cambia. El sistema público sigue siendo su sistema sanitario en las mismas condiciones que hoy, con una diferencia: como los ciudadanos con ingresos superiores a 3.000 euros netos han migrado al sistema concertado, hay menos presión sobre la atención primaria pública, los tiempos de espera son más cortos y el médico de cabecera tiene más tiempo para atenderla. Es la beneficiaria directa del modelo: no pierde nada y gana en calidad de acceso.
Las tres características no negociables del seguro concertado
El primero es que las prestaciones mínimas las define el Estado, no las aseguradoras. El catálogo del seguro concertado básico incluye todo lo que incluye la atención primaria pública: médico de cabecera, pediatra, enfermería, analíticas de rutina, radiología básica, fisioterapia hasta determinado número de sesiones anuales y procedimientos quirúrgicos menores ambulatorios.
El segundo es que el precio tiene un máximo regulado con revisión anual según el IPC sanitario. Eso elimina el riesgo de mercado cautivo: las aseguradoras no pueden subir precios sabiendo que la demanda es obligatoria porque el precio máximo lo fija la administración. Es el mismo mecanismo que regula las tarifas de los colegios concertados.
El tercero, y el más importante para la aceptabilidad social del modelo, es que el seguro concertado básico no puede excluir a ningún ciudadano que entre en el umbral de renta por razones de salud preexistente. Una persona con diabetes, con hipertensión o con cualquier condición crónica tiene derecho al seguro concertado básico al mismo precio que cualquier otro ciudadano de su tramo de edad. Eso es lo que lo diferencia de un seguro privado convencional y lo que le da lógica de seguro social.
La garantía que hace todo esto aceptable
No hay ciudadano en España, independientemente de sus ingresos y de si tiene seguro concertado, que no tenga derecho a ser atendido por el sistema público cuando lo que está en juego es su vida o su salud de forma grave. El cáncer, el infarto, el accidente, la enfermedad crónica severa: eso es territorio de la sanidad pública universal. El seguro concertado gestiona la cotidianeidad sanitaria. El sistema público gestiona lo que importa de verdad cuando importa de verdad.
Esa división no es arbitraria: es exactamente la que corresponde a la lógica de la solidaridad colectiva, que se activa con más intensidad cuando más se necesita y que puede hacerlo con más eficacia cuando no tiene que repartir sus recursos entre demandas que otros pueden atender. El objetivo no es que los ricos tengan mejor sanidad. El objetivo es que quienes no tienen alternativas tengan mejor acceso al sistema público que tienen hoy. Y ese objetivo solo se alcanza redistribuyendo la demanda, no fingiendo que el problema no existe.